La espiral inflacionaria sigue pulverizando el valor de la moneda nacional. Quienes ganan un salario fijo en bolívares son los principales perjudicados de esta brutal depreciación. El último aumento del salario mínimo se decretó en marzo de 2022, cuando se fijó en 130 Bs/mes, aproximadamente 30 $/mes.
Entre marzo/2022-febrero/2023 la inflación acumulada supera el 250% pero el salario mínimo no ha aumentado en bolívares y -debido a la depreciación de la moneda nacional-ha quedado reducido a solo 5,33 $/mes. O sea, 18 centavos de dólar diarios. El FMI, el Banco Mundial y la ONU estiman que quien gana menos de 2 dólares diarios (60 $/mes) está sumido en la pobreza.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), más del 90% de los hogares venezolanos es pobre al no poder adquirir la canasta básica que, además de los alimentos, incluye transporte, servicios de luz, agua, gas, vestido, calzado, educación, salud, etc. Y más del 50 % de los hogares está en condición de pobreza crítica, al no poder comprar ni siquiera la canasta alimentaria.
El artículo 91 de la Constitución establece que: “Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas”. Atendiendo a este mandato constitucional, el salario mínimo debería ser al menos el costo de la canasta básica y no solo el costo de la canasta alimentaria.
¿De dónde saldrán los recursos para pagar un aumento del salario mínimo?
El gobierno responde que no hay ingresos fiscales suficientes para aumentar el salario mínimo de la nómina pública al nivel de la canasta alimentaria (400 $/mes) y mucho menos al nivel de la canasta básica (700 $/mes). El sector privado argumenta que apenas está saliendo de la recesión y no podría soportar un aumento semejante que llevaría a muchas empresas a la quiebra.
Pero el salario mínimo no puede verse solo como un costo de producción más. Un salario digno es una condición básica para la sobrevivencia humana, pero también es un requisito para la reactivación económica.
Los bajos salarios limitan el consumo privado, principal componente de la demanda agregada que dinamiza la producción, mueve las ventas y hace posible la ganancia empresarial. Sostener y ampliar la recuperación económica necesita aumentar el salario mínimo al menos al nivel de lo que cuesta la canasta alimentaria y, a medida que la economía mejore, llevarlo al nivel de la canasta básica que, además de alimentos incluye vestido, calzado, educación, salud, servicios, etc.
Cuando los ingresos fiscales son limitados, el Estado debe priorizar la protección de los sectores sociales más vulnerables. Con base en un principio de solidaridad, está llamado a aplicar impuestos que hagan posible una redistribución progresiva del ingreso desde los sectores que más ganan hacia los que menos tienen. Pero seguimos atrapados en un círculo vicioso, toda vez que aumentar los impuestos en una economía que apenas viene saliendo de una prolongada recesión sería abortar el proceso de recuperación.
La ola de protestas de los trabajadores del sector público demanda un salario mínimo igual a la canasta alimentaria. El problema es de dónde saldrán los fondos para pagarlo. Algunas fuentes de recursos pudieran ser las siguientes:
- Impuesto al Débito Bancario (IDB) para pagar salario mínimo a la nómina de educación y salud.
- Pagar en petros el salario mínimo al resto de la nómina pública.
- Destinar dividendos de Citgo a crear un Fondo de Pensiones tipo Noruega para pagar a los jubilados.
- Aumento de gasolina para pagar salario mínimo a la nómina de alcaldías
- Retención en las regiones de un porcentaje del IVA para cubrir el aumento en la nómina de las gobernaciones.
WC | con información de El Nacional
