No son sólo 62 las organizaciones no gubernamentales las que están amenazadas con ser multadas e ilegalizadas, sino más de 1.300 que existen en Venezuela, si es aprobada en segunda discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las ONG y Afines.
Al respecto, el sociólogo y profesor universitario Nelson Fréitez, integrante de la Red de Derechos Humanos en el estado Lara, al ser entrevistado por El Impulso, dijo que a las ONG no les ha sorprendido que los diputados oficialistas hayan aprobado en primera discusión esta semana ese proyecto legislativo.
Porque desde hace diez años, el grupo en el poder ha tenido la intención de aprobar instrumentos legales que restrinjan las acciones de las organizaciones no gubernamentales.
Ese ha sido precisamente uno de los objetivos del grupo en su proceso creciente de reducción del espacio cívico, y para ello ha buscado establecer un control a la acción y funcionamiento de las ONG para silenciarlas, inhabilitadas e impedir la cooperación internacional, la cual existe dada la emergencia humanitaria, que ayuda a la población vulnerable venezolana a través de aportes.
Como ya ha ocurrido en Nicaragua con la aplicación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que es el precedente de este proyecto legislativo venezolano, se trata de que no se realicen labores humanitarias y no haya contacto con las personas más vulnerables por la situación que se está viviendo.
Como pretexto para esa ley, el oficialismo ha señalado que hay 62 ONG que operan con fines políticos y reciben financiamiento del exterior, sólo por el hecho de que han venido denunciando, tras meticuloso trabajo investigativo y testimonios de víctimas y familiares que se han cometido persecuciones, violaciones, torturas y crímenes.
Las ONG en Venezuela vienen funcionando tras su legalización en el Registro Civil, pero ahora están siendo amenazadas con ese proyecto, que no fue consultado ni es conocido públicamente, pero del cual por las escasas informaciones que han salido, se sabe que contempla multas de 12 mil dólares contra estas organizaciones.
Éstas pueden demostrar su labor y la población beneficiaria, pero el Ejecutivo Nacional quiere bloquear la acción humanitaria que no controla directamente. No es esta la primera intención que ha habido, ya que han existido otros intentos, pero este es el más amplio para restringir la actividad de más de 1.300 organizaciones y de éstas, las que reciben aportes hacen los registros correspondientes y pagan impuestos.
