El impacto que ha tenido en la población el impuesto a los pagos con divisas ha generado que representantes de gremios empresariales soliciten su modificación. Mientras que el dirigente político Antonio Ecarri interpuso ante el TSJ un recurso de nulidad contra el IGTF, al afirmar que «genera más inflación, pobreza y estimula la evasión fiscal»
El impuesto al pago con divisas como se ha llamado al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) genera costos adicionales para las empresas que presionan al alza los precios de los bienes y servicios, por lo que en una economía como la venezolana, altamente inflacionaria de por sí, el impacto es aún mayor. Debido a la afectación que ha tenido en la capacidad de compra de los venezolanos, varios representantes empresariales y hasta dirigentes políticos han solicitado la modificación de su alícuota y hasta una tregua en su pago mientras el sector privado termina de recuperarse.
Por otra parte, este miércoles 8 de febrero, el dirigente Antonio Ecarri introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad contra la Ley del IGTF, «por suponer una bota inflacionaria que pisotea a los emprendedores venezolanos».
Definiendo como un «impuesto regresivo y confiscatorio», Ecarri dijo que el IGTF está desangrando el bolsillo de los venezolanos por suponer un impacto directo en medicinas y alimentos. «Si bien es cierto que hay sanciones internacionales, también hay sanciones y bloqueos nacionales que están impidiendo que los emprendedores, que las bodegas populares, que los negocios en los mercados municipales, que los trabajadores por cuenta propia; que son la gran mayoría nacional, puedan echar para adelante a sus familias», advirtió.
Al respecto, Cedice Libertad indicó recientemente en un informe que este impuesto a los pagos con dólares, tendría un efecto adverso en los precios y retrocedería en la reducción de la tasa de crecimiento de la inflación; pero también «en la desaceleración de cualquier atisbo de mejora de la economía, incrementando el desempleo y arrastrando a un peor nivel las condiciones de vida del venezolano promedio».
La última refirma de la Ley del IGTF en mazo de 2022 contempla la implementación de un porcentaje de 3% a las operaciones financieras y comerciales realizadas en Venezuela en moneda extranjera o criptomonedas. El impuesto llegó en un momento en el cual cerca del 70% de los intercambios en el país se hacían en moneda extranjera (con porcentajes aún mayores en zonas fronterizas) para contrarrestar los efectos de la pérdida de valor de la moneda nacional.
«Debemos recordar que la terrible situación de hiperinflación y escasez que el país vivió entre 2017 y 2019 logró estabilizarse gracias a que se permitió el uso de divisas en las transacciones y ahora lo que se hace es afectar ese proceso (…) es un impuesto adicional al consumo, con el agravante que no permite deducciones en la cadena de suministro (como el Impuesto al Valor Agregado)», destacó Cedice.
Hasta la fecha, el IGFT ha logrado un objetivo: disminuir los pagos con divisas en efectivo. De acuerdo a las últimas cifras dadas por la consultora Ecoanalítica, 46,7% de las transacciones en el país en noviembre de 2022 se efectuaron en dólares, lo que refleja una caída significativa con respecto a su punto más alto en marzo de 2021 de 67,1%.
Esta disminución de los pagos en moneda extranjera también tuvo un efecto en el sector comercial. Debido a la constante devaluación del bolívar, los comerciantes requerían de más bolívares para poder comprar divisas y así pagar a sus proveedores. Es por ello que se idearon ofertas y descuentos para sus clientes «solo si pagan en dólares».
«El rechazo a este impuesto, no sólo responde a que atenta contra el ingreso disponible del consumidor, sino que además todo apunta a que simplemente alimentará el gasto en nómina del sector público, que además de abultado, es altamente ineficiente. Basta revisar la calidad de los servicios básicos y ofrecidos por el sector público: agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, transporte, educación», recalcó Cedice.
Tregua para e IGTF
Antonio Ecarri sostuvo además que este impuesto estimula la evasión al fisco nacional. «No es ganancia para nadie, ni para el Gobierno (…) Es un impuesto que daña el país y necesitamos un país hoy multimoneda, por lo que hoy Venezuela debería estar aceptando monedas de todo tipo y facilitando la operación a todos los emprendedores y a los empresarios venezolanos. Lo que necesitamos nosotros es estar más abierto al mundo. Esto es un bloqueo sobre el bloqueo».
Al respecto, el sector privado ha propuesto varias modificaciones del IGTF en los encuentros con representantes gubernamentales y hasta con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Una de ellas es la reducción de la alícuota o que se deje de pechar los pagos en moneda extranjera.
A mediados de 2022, Fedecámaras propuso que la tasa del impuesto se fijara a menos de 1%, sin embargo, como se observa no hubo humo blanco al respecto. «El IGTF es muy alto y además se suma en cada eslabón de cualquier cadena de valor. Es necesario sacar a las personas naturales del cobro de dicho impuesto, porque el venezolano no está en condiciones de asumir esa carga», dijo Carlos Fernández, presidente del mayor ente empresarial privado del país.
Debido a la poca respuesta, nuevamente los gremios intentaron otra propuesta: una exención por un tiempo determinado del pago del impuesto a las transacciones comerciales y financieras, o hasta tanto la economía logre reactivarse del todo y que su crecimiento sea sostenido. Varios llamaron esta estrategia como una «tregua» mientras el país se recupera.
Esta solicitud fue llevada igualmente a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de 2020, la cual tiene una responsabilidad en la creación y modificación de leyes.
Al respecto, el dirigente Antonio Ecarri adelantó que insistirá con el tema en la mesa de diálogo nacional y lo propondrá a los principales actores de la comunidad internacional. Además se comprometió a hacer lo propio ante la Asamblea Nacional con el apoyo de las fracciones parlamentarias de Cambiemos y Avanzada Progresista.
