Numerosas organizaciones de la sociedad civil acordaron rechazar “por ilegal el proyecto de ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que amenaza con poner en vigencia la Asamblea Nacional 2020”.
En efecto, las organizaciones Aragua en Red, Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo, Grupo La Colina, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela y Red de Organizaciones Vecinales de Baruta promueven un documento que busca adhesiones de otras instituciones que respalden esta propuesta y se sientan afectadas ante la posibilidad que esta Ley sea aprobada en segunda discusión.
Tal instrumento fue aprobado en primera discusión por la bancada del PSUV y sus aliados políticos, vulnerando así el Artículo 52 de la Constitución Nacional: “Toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”.
No hay motivación alguna que justifique crear un marco legal restrictivo de la actividad de organizaciones de la sociedad civil, cuyas acciones se desenvuelven dentro del marco legal existente. Esta iniciativa se articula con frecuentes agresiones emprendidas contra ONG nacionales, las cuales en ocasiones han sido criminalizadas de hecho, sin ningún sustento jurídico, reseñó El Impulso.
El propuesto instrumento propicia un marco intimidatorio, que promueve el sometimiento de las organizaciones civiles.
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