Francisco Corsica
Siempre ha resultado difícil enumerar minuciosamente los problemas que atraviesa Venezuela. Quizá sean más de los que muchas otras sociedades podrían aguantar en otras circunstancias. En serio: según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), sucede algún problema eléctrico cada tres minutos en cualquier parte del país. Varias ciudades criollas suelen aparecer entre las más peligrosas del mundo. Y la inflación, aunque esté reflejando los porcentajes más bajos en años, continúa siendo la más alta del planeta.
Estas desventuras que ha atravesado el propio gentilicio han sido abordadas frecuentemente por los diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Se repiten con tal frecuencia que resultan agobiantes hasta para la más serena de las almas. Podría decirse que las buenas noticias ocupan pequeñas notas de prensa la mayoría de las veces. Obviamente cuesta, pero al mal tiempo, buena cara. No existe alternativa mientras cae el chaparrón.
Uno de ellos —y el elemento central de esta reflexión— es la precaria remuneración de la mayoría de los empleados del país. Consiste en una situación que ha generado noticias de sumo interés para los venezolanos y para las autoridades durante las últimas semanas. Por supuesto, cuando se tiene la oportunidad de escudriñar en los pocos datos que las autoridades nacionales u otros organismos públicos o privados ofrecen, el asunto se torna interesante por las brechas apreciadas entre unos y otros.
De entrada, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), el sector privado de la economía es el que ofrece los mejores salarios, abonando un promedio de 138,50 dólares estadounidenses a los trabajadores durante diciembre del 2022. El sector público, en cambio, osciló ese mismo mes los 14 dólares estadounidenses mensuales. Por la devaluación, actualmente ya son menos. Reír para no llorar, como reza la sabiduría popular.
Indudablemente, son muchos los afectados en el sector público por el paupérrimo monto de sus honorarios. Si es complicado tipificar la cantidad de problemas que atraviesa este territorio, lo es también delimitar las ocupaciones inconformes con su dieta mensual. Médicos, educadores, enfermeras, policías… Sin duda, es un malestar presente en la sociedad que requiere de atención inmediata por parte de sus empleadores —es decir, el Estado— con miras a dignificar y reconocer la labor de estos héroes sin capa que dan lo mejor de sí durante sus respectivas jornadas.
Este es un tema del cual la gente difícilmente puede escaparse. La precariedad en los servicios públicos y el creciente costo de la vida causan malestar e inconformidad entre los pobladores. Especialmente aquellos que viven la dolarización mientras perciben pocos bolívares. ¿Quién no estaría disgustado en esas circunstancias? Los datos del OVF ponen en evidencia la brecha salarial entre el sector público y el privado, haciendo constar que los funcionarios del Estado no cobran lo suficiente.
Por ese mismo motivo, en los pocos días que lleva el 2023, se han reportado numerosas protestas a lo largo y ancho del país. Es el sector público calentando las calles, exigiendo reivindicaciones laborales en una economía con leves signos de mejoría que aún no se ven reflejados en sus estados de cuenta bancarios. Si el resto cobra en dólares, ¿Cómo es posible que tantas personas cobren insuficientes bolívares? Es una pregunta razonable para el caso en cuestión.
Siendo egresado de una universidad pública, lo menos que puedo señalar es que siempre he estado al tanto de los bajos honorarios profesionales que mis profesores devengan en su rol docente desde hace tiempo. Ha consistido en una queja perenne que no ha recibido una respuesta satisfactoria. Lamentablemente, los estudiantes se forman en aulas y se gradúan a sabiendas de que sus mentores académicos trabajan «por amor al arte» —como muchos de ellos suelen decir— y no por el sueldo que la institución les ofrece.
Inclusive, uno de ellos decía fuera de sus lecciones frases como la siguiente: “con lo que gano, puedo afirmar que la universidad no me paga por dar clases sino que yo le pago a la universidad para poder hacerlo”. Al leer esto, quizá logre sacarle al lector una especie de sonrisa cómplice. Sin embargo, estas palabras convocan a plantearse por lo menos un cuestionamiento básico.
Determinar el monto de un «sueldo justo» bajo ningún concepto puede ser una tarea fácil. Y menos en la Venezuela de estos tiempos, repleta de distorsiones macroeconómicas. Sin embargo, el reclamo que lleva a cabo el sector público es lógico. No puede ser catalogado de otra forma. ¿Quién vive con 14 dólares al mes? Es mucho lo que han aguantado en sus puestos de trabajo.
Fedecámaras comunicó que se discute fijar en 50 dólares el salario mínimo. Si los 138,50 dólares que ofrece en promedio el sector privado casi siempre acaban siendo insuficientes para desarrollar un estilo de vida digno en Venezuela, ¿el segundo billete de más alta denominación de los Estados Unidos podrá aliviar las carencias del sector público? La respuesta automática es una rotunda negación. Indudablemente, es un primer paso que debería ser recibido con beneplácito, pero no debe estancarse en ese monto.
En vista de todo ello, les deseo a los manifestantes el mayor de los éxitos en su legítima demanda. Ojalá que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y que su decisión al respecto sea el comienzo de una recuperación paulatina y sostenida de la capacidad adquisitiva de los venezolanos que contribuyen con sus servicios a la sociedad mientras se garantizan el propio sustento y el de sus familias. ¡Por el desarrollo de Venezuela y el bienestar del pueblo!
